Refleja un lamento por la erosión de principios fundamentales que deberían ser pilares de cualquier Estado de derecho: la imparcialidad judicial, la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los ciudadanos.
Es profundamente lamentable presenciar cómo nuestro sistema de justicia se ha desplomado. Magistrados y jueces, quienes deberían ser garantes de la Constitución Nacional, han incumplido y tergiversado sus deberes, actuando a favor del poder político o de intereses particulares, y no en función de la justicia.
Mientras muchos esperan resolución, transcurren hechos que rompen vidas: inocentes detenidos, bienes arrebatados, derechos ignorados. La impunidad recorre los tribunales y la Sala del Tribunal Supremo de Justicia, mientras los casos que afectan intereses poderosos son silenciados y olvidados.
Decir la verdad no es un delito. Denunciar la injusticia no es incitación al odio. Defender la justicia y el derecho es un deber que exige valentía. No hay seguridad jurídica, no hay Estado de derecho, pero sí hay rostros de quienes sufren y esperan que la ley cumpla su función.
Es alarmante observar cómo se destruyen los pilares del derecho. Profesionales del derecho enfrentamos una realidad de doble moral, errores inexcusables e impunidad generalizada. Las garantías desaparecen, los tribunales colapsan, y la justicia parece rendida ante intereses que la corrompen.
Crisis del Estado de Derecho: El World Justice Project (WJP) ha clasificado a Venezuela en el puesto 142 de 142 países evaluados, destacando la ausencia de contrapoderes y una ineficaz rendición de cuentas.
Inseguridad Jurídica: La falta de predictibilidad y coherencia en las normas aplicadas por los tribunales genera desconfianza, dificultando las relaciones jurídicas y económicas.
Poder Judicial y Derechos: Se señala una falta de imparcialidad en jueces, fiscales y altos magistrados, limitando la protección efectiva de derechos humanos y el debido proceso.
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