La imparcialidad constituye uno de los pilares esenciales del proceso penal venezolano, sin la cual ninguna decisión judicial puede considerarse legítima. No se trata de una virtud opcional del juzgador, sino de una garantía constitucional de orden público, indispensable para la existencia misma del debido proceso y de la justicia.
"El arte en el derecho".
La imparcialidad es una garantía esencial para el orden público porque asegura que la justicia sea aplicada de manera equitativa, protegiendo así el debido proceso y la confianza en el sistema legal.
El artículo 49, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece expresamente que toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso por un juez o tribunal imparcial, competente e independiente. Tal disposición se complementa con el artículo 26, que impone al Estado la obligación de asegurar una justicia “transparente, idónea, independiente, responsable, equitativa e imparcial”.
Estos preceptos consagran una garantía de jerarquía constitucional, que no sólo protege a la víctima y al imputado, sino también la legitimidad del sistema de justicia penal en su conjunto.
En el proceso penal, la imparcialidad se traduce en la exigencia de que el juez no mantenga ningún interés directo ni indirecto en el resultado del juicio, ni permita que sus intereses personales, ideológicas o partidistas interfieran en la valoración de los elementos de convicción.
El juzgador debe ser un tercero ajeno al conflicto, cuya única guía sea el Derecho y la evidencia racionalmente apreciada conforme a las reglas de la sana crítica.
Por ello, la imparcialidad judicial constituye no sólo una obligación funcional, sino una garantía sustantiva del Estado constitucional de Derecho, cuya violación acarrea la nulidad absoluta de los actos procesales, conforme al artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal.
La imparcialidad, como garantía procesal, no es sólo un valor ético, sino una exigencia jurídica de orden público, que no admite renuncia ni convalidación. De allí que el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal (C.O.P.P) disponga que los actos realizados con violación de normas de orden público son absolutamente nulos, y que esta nulidad puede ser declarada en cualquier estado y grado del proceso. La imparcialidad judicial pertenece a este ámbito: su transgresión no sólo afecta a la parte, sino al interés general en la pureza y credibilidad del sistema judicial.
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