Es sumamente grave lo que está ocurriendo, siendo víctimas de este flagelo hasta las personas de tercera edad.
Hoy solicitamos que este tipo de conductas sean debidamente sancionadas y no se sigan permitiendo.
Hacemos referencia a la presente denuncia, ya que este flagelo nos afecta a todos los abogados y recurrentes, hoy en día no todas las personas tienen la capacidad económica para cancelar las copias certificadas y copias simples insertas en el expediente, sin ningún tipo de control legal.
Es importante hacer mención es que como recurrentes no nos estamos negando a pagar por dichas impresiones y copias, pero denunciamos que haya un control ajustado a derecho, en vista de tantos abusos y atropellos.
Todo de conformidad con el artículo 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, refiere sobre la eficacia procesal y sobre la gratuidad: "26: Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de Administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos y difusos; a la tutela de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondientes. El Estado garantirá una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles". "257 el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (..). No se sacrificara la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.
YA BASTA DE TANTOS ABUSOS Y ATROPELLOS EN EL NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SOLICITAMOS QUE HAYA UN CONTROL LEGAL AJUSTADO A DERECHO.
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