Las pruebas constituyen elementos de convicción esenciales dentro del proceso penal, destinados a permitir el esclarecimiento de la verdad y la correcta administración de justicia.
En consecuencia, los objetos materiales vinculados al hecho investigado —especialmente el armamento, proyectiles, evidencias físicas y demás elementos criminalísticos— deben permanecer bajo estricta cadena de custodia, garantizando su preservación, autenticidad e inalterabilidad.
La destrucción, eliminación, alteración o disposición anticipada de tales elementos probatorios, sin el agotamiento pleno del proceso y sin las garantías legales correspondientes, compromete gravemente el derecho a la defensa, el debido proceso y la posibilidad de contradicción probatoria, afectando incluso la búsqueda de la verdad real material.
La cadena de custodia no constituye una mera formalidad administrativa, sino una garantía constitucional y procesal destinada a asegurar que la evidencia permanezca íntegra, disponible y verificable durante todas las etapas del proceso.
En estricta conexión con:
El derecho de defensa,
La posibilidad de experticias complementarias,
La contradicción de la prueba,
Y la tutela judicial efectiva.
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