Medida de Protección en caso de Amenaza o Violación de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

 

"El Estado, la familia y la sociedad somos solidariamente corresponsables en la protección de los niños, niñas y adolescentes". 

"Derechos, Deberes y Obligaciones" bajo una corresponsabilidad y proporcionalidad. 

    

Venezuela presenta actualmente una situación promisoria con relación a la protección a la niñez y a la adolescencia y se adelanta en el tiempo. Por una parte la vigencia de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, cuya conformidad en la materia, garantiza por una parte la debida protección social, que conforme a la exposición de Motivos: "....se logra a través de un conjunto de actividades dirigidas a propiciar las condiciones necesarias para el desarrollo de la personalidad, para satisfacer las necesidades básicas y para garantizar derechos fundamentales de la niñez y de la juventud". 

Es decir, con el conjunto de acciones y garantías para el desarrollo y despliegue de los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia, con un marcado carácter social de avanzada, consecuencia directa de la ratificación por parte de nuestro país a la Convención Internacional del Niño (Gaceta Oficial  Nro. 34.541, de fecha 29-08-90), que se materializa entre otros con la inclusión de derechos para los niños y adolescentes, como lo es el derecho a opinar y a ser oído, el derecho a participar y a defender sus derechos, inéditos hasta el presente en nuestra legislación, no tan solo los derechos consagrados sino también, Deberes que debemos darle prioridad absoluta y proporcionalidad.

Por otra parte, se garantiza este compromiso con la protección jurídica, que siguiendo el mismo texto de la exposición de motivos ".....implica legislar para hacer exigibles los derechos consagrados en la Convención, mediante la creación de instancias administrativas y judiciales que intervengan en caso de que esos derechos sean amenazados o violados", es decir, la necesaria creación de las instancias administrativas y judiciales a través de las cuales se haga efectivo tales derechos, que en caso contrario se harían nugatorios.