Defensa en protección a mis hijos de conformidad a los derechos constitucionales y la L.O.P.N.N.A.
Foto: Infobae. Vanessa Vivas Villamizar.
Este blogs se une a la denuncia y exclamación de la justicia; en donde se solicita respeto total de los derechos humanos, en la defensa incuestionable del Debido Proceso de la Ciudadana Vanessa Vivas Villamizar y sus hijos, "Vanessa Vivas Villamizar fue detenida al salir de la audiencia por la custodia de sus hijos."
Ante la complicidad de un Sistema perverso cito fuente textualmente:
Fecha de Publicación: 14/06/2023, la presente denuncia sigue activa, en busca de justicia.
Atención Organismos Internacionales.
"Vanessa Vivas es una joven mujer, que pasó de ser la madre amorosa de tres bebés a víctima de una poderosa red de bufetes, jueces y fiscales en Venezuela que para arrebatarle a sus hijos la acusa de pobreza económica y mental. El segundo paso es que un tribunal la encarcele por el horrible delito de pornografía infantil, para así cuestionarla moralmente. Son muchos los casos en Venezuela donde se repite ese esquema, donde la mujer ha terminado huyendo o muerta. Así se beneficia al poderoso económico o político; y en este caso es Nelson Ortega Bonilla, embajador de Venezuela en Guinea Ecuatorial protegido por Ramón Gordils, familiar de Nicolás Maduro, y embajador de Venezuela en Noruega".
"En un video público, Vanessa Vivas Villamizar relata cómo durante 17 años sufrió violencia psicológica y que ella había considerado que ser tratada así era normal. Como muchas mujeres en el mundo no se había percatado que tenía el síndrome de mujer maltratada por su marido controlador, celoso y violento que ahora ha demostrado ser capaz de cualquier cosa por aplicarle violencia vicaria".
"La noche del martes 13 de junio, cuando salía de una audiencia, un grupo de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) la esperaban, la detuvieron y la acusaron de fabricar pornografía y señalan que eso lo habría hecho con Danny Manuel Mora Mora, que es un viejo amigo de ella a quien dejó de tratar hace siete años por los celos que el embajador Nelson Ortega sentía contra él. ¿Es casual que esa sea la persona a quien el Juez de Primera Instancia Estadal en funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, Ángel Betancourt Martínez también ordena detener por ese hecho?".
"Igual que lo sucedido con Vanessa Vivas, hay muchos casos, uno de ellos el de Yrasema Malavé, quien lleva un año reclamando que le devuelvan a su hija de 11 años quien fue dada a una familia extraña. Cuando ella denunciaba lo sucedido, fue detenida y también acusada de delitos sexuales".
"Es una red que funciona en varios estados del país, con tentáculos internacionales, donde se satisface el poder pero también porque hay comercio de niños como lo señaló para Infobae la periodista Karla Salcedo Flores quien ha librado una batalla desde hace cinco años cuando descubrió un patrón y denunció ante el Fiscal General, Tarek William Saab, 10 de esos casos".
El Incompetente Tribunal
"El embajador Ortega Bonilla fue preparando la estrategia con un bufete y apoderó a cinco abogados para que lo representaran: César Andrés Villa Crespo, Ernesto Felipe Montoya González, Mauricio Rafael Pernía Reyes, Sergio Edwin Correia Fernández y Yanahy Andreina Yánez Pérez.
Acudieron al Tribunal Sexto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, a cargo de Jorge Luis Devenish Griffith, quien actúa aun cuando sabe que Vanessa Vivas siempre ha tenido domicilio en Rubio del estado Táchira; incluso comisiona al tribunal de Protección del Táchira para que ejecute la medida, sin que la madre de los niños hubiese sido notificada porque el embajador suministró como datos de ella un número telefónico y un email que no le pertenecen a ella.
Vanessa Vivas había acudido varias veces a la Fiscalía de Violencia en Rubio, para denunciar que temía ser atacada, ella y sus hijos, por el embajador, pero la fiscal Durán no apareció, hasta que el 12 de mayo, a las 2 de la tarde la iba a atender el fiscal auxiliar Erick Raniery Ortiz Cáceres.
Pero mientras eso sucedía, a la casa donde estaban los niños de Vanessa con su hermana, llegó gran cantidad de funcionarios policiales, acompañados por el juez de San Antonio del Táchira, Luis Alberto Cárdenas Useche; la tía de los niños es amenazada con cárcel y presionada a que entregue a los niños, argumentando que el juez de Caracas le dio la custodia provisional al embajador de Guinea Ecuatorial, cuya excusa es que no se le ha permitido el contacto con los niños, es decir, a ocho días después de haber llegado al país y cuando sí había estado en constante comunicación con sus hijos por videos llamadas.
Lo insólito es que a más de un mes de que los niños le fueron arrebatados Vanessa Vivas no ha podido ver ni una sola vez a sus hijos, mientras el tribunal le prohibió, bajo amenaza de cárcel, así como lo hizo con la ONG Tinta Violeta y con quien publicó la denuncia en Infobae, referirse al caso, no mencionar nada con la excusa del bien común de los niños".
De lo anterior esgrimido, es importante prevenir este tipo de hechos que son considerados atroces, sin que nos quede la menor duda, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, son de prioridad absoluta, en defensa del interés superior de los niños, estos hechos empañan definitivamente la administración de justicia, es el tráfico de influencias que hoy golpea a la justica y la debida aplicación del derecho venezolano.
Estimados lectores y colegas abogados, este tipo de denuncias que hoy deja a una madre inocente en defensa de sus hijos, totalmente desprotegida y detenida bajo arbitrariedad, sin derecho a una defensa imparcial que analice los hechos y las pruebas promovidas, obrar en contra de los derechos fundamentales es poner definitivamente en tela de juicio la administración de justicia, que sin misericordia alguna golpea a personas inocentes, es decir, armando una estrategia asquerosa para dejar a una madre sin sus hijos.
El derecho cuestiona y sanciona este tipo de conductas, mis estimados lectores, el derecho es justo, cuando se aplica de forma equilibrada para las partes, ya cuando se observan vicios en el transcurrir del procedimiento, es de absoluta nulidad las actuaciones de aquellos que violan y vulneran los derechos constitucionales y humanos sin dignidad alguna, sin misericordia alguna, sin derecho a la defensa, sin derecho a nada, cúmplase con el derecho.
Medidas arbitrarias que no son estudiadas y analizadas acorde a los hechos y al derecho, estimados lectores, este caso es la prueba viviente del tráfico de influencias que conmociona a una colectividad por la alevosía de como actúan sus perpetradores, sin ningún tipo de piedad.
Es importante resaltar que la verdad es un proceso, tiene que seguirse un camino de investigación para alcanzar la verdad procesal y la verdad de los hechos, tal cual como han acontecidos, sin ningún tipo de distorsión y manipulación, es de prioridad absoluta cuando hay niños involucrados que puedan afectar la protección integral de sus derechos.
El proceso penal esta sometido a principios de carácter constitucionales que perfilan especialmente la actividad probatoria, así tenemos: 1. La presunción de inocencia: las personas se consideran inocentes hasta tanto no haya sentencia firme en contra (art.49.2 C.R.B.V), esto supone, que la parte acusadora tiene que destruir esa presunción de inocencia y probar la imputación objetiva. La Carga de la prueba es para la acusación.
De manera, que los hechos tienen que tener una calificación legal como punibles para ser perseguidos, Sólo son perseguibles los hechos calificados por la ley como delitos, de ellos se derivan importantes consecuencias procesales, lo que significa la confrontación dialéctica de los medios probatorios.
No se puede pasar por alto que el tema de la posibilidad de obtención de la verdad en el proceso judicial es parte de una áspera confrontación, y si esta dialéctica o confrontación de los elementos probatorios se violan queda en evidencia la violación inminente de los derechos constitucionales, el debido proceso y la legitima defensa de la víctima y sus hijos.
El Estado debe garantizar el derecho integral en protección de los niños, niñas y adolescentes, no parcializándose y que los jueces naturales sean imparciales y se rijan para la consecución de la justicia y la verdad de los hechos, independientemente de las personas que estén involucradas.
La Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes garantiza el compromiso de la protección jurídica, que siguiendo el mismo texto de la exposición de motivos. “Implica legislar para hacer exigibles los derechos consagrados en la Convención, mediante la creación de instancias judiciales en los casos en donde estén involucrados los niños, niñas y adolescentes para resguardar sus derechos, es decir, que se haga efectivo los derechos de las partes que recurren a las jurisdicciones especiales y que no se hagan nugatorios tales derechos.
No podemos omitir, no podemos callar, este tipo de atropellos y violaciones atroces, deben ser investigados y sancionados, porque altera los principios fundamentales de la esencia de la creación de la L.O.P.N.N.A, las victimas de estos hechos quedan sin ningún tipo de protección y débiles ante un sistema que los condenan sin derecho a nada, sin derecho a defenderse.
Violando el orden público procesal y el orden público constitucional.
Este tipo de hechos causan indignación que no pueden seguir ocurriendo. "DE NADA SIRVE EL DERECHO SI NO SE PRUEBA".
https://www.youtube.com/live/L_5YdGqK2Pw?si=l7RWUA6I6fVIyNee
“Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que es capaz de conquistarlo”.
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