Se puede interpretar que el tráfico de influencias funciona de manera dual y paradójica en el sistema judicial y administrativo.

El tráfico de influencias es una forma de corrupción que distorsiona la equidad y transparencia en la administración pública. Su tipificación y sanción buscan preservar la integridad de las instituciones y garantizar que las decisiones públicas se tomen en función del interés general, y no de intereses particulares o presiones indebidas. La prevención y sanción efectiva de este delito son esenciales para fortalecer el Estado de derecho y mantener la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes.

Se puede interpretar que el tráfico de influencias funciona de manera dual y paradójica en el sistema judicial y administrativo:

Para quienes lo sufren. 

Quienes se ven afectados por esta práctica, es decir, aquellos que padecen las consecuencias del fraude en el proceso, pueden considerarlo como una "enemistad manifiesta". Este hecho ilícito genera perjuicio, distorsiona la percepción de justicia y disminuye la confianza en las instituciones, lo que se traduce en una barrera o un obstáculo evidente para el acceso a una justicia imparcial y equitativa.

Para quienes se benefician de él.

En el otro extremo, aquellos que logran aprovecharse del tráfico de influencias —ya sea para desviar investigaciones, manipular decisiones judiciales o asegurar resultados favorables en procesos administrativos pueden llegar a percibirlo casi como una "amistad íntima". En este sentido, se establece una relación de complicidad, en la que los vínculos personales y las conexiones se utilizan de forma estratégica para obtener beneficios ilegítimos, aun cuando esto implique vulnerar el debido proceso y la transparencia.

En síntesis, el fenómeno del tráfico de influencias se caracteriza por su naturaleza dual: es una enemistad para quienes son objeto de sus efectos negativos y, paradójicamente, una forma de "amistad" o red de complicidad para quienes se benefician de ella. Este doble rostro refuerza la complejidad del problema y subraya la imperiosa necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia, para frenar su impacto corruptor en la administración de justicia.

El tráfico de influencias es una práctica ilegal que consiste en utilizar conexiones o posiciones de poder para obtener favores o trato preferencial para terceros, generalmente a cambio de compensaciones monetarias o en especie. En Venezuela, este delito está tipificado en el artículo 73 de la Ley Contra la Corrupción, que establece sanciones para quienes, directa o indirectamente, influyen o intentan influir en decisiones de funcionarios públicos para obtener beneficios personales o para terceros.

Del Principio de Legalidad al Deber de Decidir: Un Compromiso Judicial de Orden Público.

En el marco de un Estado Social de Derecho y de Justicia, el principio de legalidad no es una simple referencia normativa: constituye el eje fundamental que rige el actuar de los órganos jurisdiccionales. El juez, como garante del debido proceso y del equilibrio procesal, está obligado no solo a aplicar la ley conforme al ordenamiento jurídico vigente, sino también a pronunciarse de manera clara, completa y motivada sobre cada una de las pretensiones planteadas por las partes en el proceso.

La omisión de este deber no es una mera irregularidad; es una transgresión al orden público procesal y una amenaza directa a la tutela judicial efectiva. En este artículo se propone una reflexión crítica sobre la responsabilidad del juez de decidir conforme a derecho, resaltando las consecuencias jurídicas y humanas de la inacción jurisdiccional, especialmente en contextos donde el silencio judicial deviene en impunidad, inseguridad jurídica o vulneración de derechos fundamentales.