El derecho a la defensa constituye uno de los pilares esenciales del debido proceso y una garantía fundamental reconocida por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados internacionales sobre derechos humanos y la doctrina universal de protección judicial efectiva.
.jpeg "De la defensa técnica aparente y de la vulneración del derecho a una defensa efectiva.")
No basta con la designación formal de un defensor para considerar satisfecho el derecho constitucional a la defensa. La protección constitucional exige una defensa real, efectiva, diligente y orientada a la tutela concreta de los derechos e intereses comprometidos en el proceso.
La jurisprudencia constitucional contemporánea ha reconocido que la defensa meramente formal o aparente resulta incompatible con el contenido esencial del artículo 49.º1.2.3.4.8 de la Constitución, pues la garantía constitucional no se satisface mediante la simple presencia nominal de un profesional del derecho, sino mediante una actuación efectiva encaminada a salvaguardar los derechos de la persona representada.
Cuando la actividad defensiva resulta insuficiente, inexistente o desvinculada de los intereses jurídicos que debía proteger, se configura una situación de indefensión material que compromete la validez del proceso.
En el presente asunto, la actuación desplegada durante el juicio debe ser examinada a la luz de estos principios, particularmente por encontrarse involucrados derechos fundamentales de un niño, una madre sometida a restricciones derivadas de otra jurisdicción y una controversia directamente vinculada con el mantenimiento del vínculo materno-filial.
La intervención de la defensa pública dentro del proceso no puede ser valorada exclusivamente desde una perspectiva formal.
El examen constitucional exige determinar si dicha actuación cumplió efectivamente la finalidad para la cual fue instituida: garantizar la protección integral de los derechos de la persona representada y asegurar la vigencia del principio de contradicción.
La defensa pública constituye una institución destinada a evitar situaciones de indefensión.
Su función no consiste únicamente en comparecer al proceso, sino en desarrollar una actividad jurídica efectiva orientada a la protección de los derechos comprometidos.
Cuando se trata de procesos relacionados con niños, niñas y adolescentes, esta obligación adquiere una intensidad reforzada, pues las consecuencias de la actuación u omisión defensiva trascienden los intereses individuales de las partes y repercuten directamente sobre derechos fundamentales de la infancia.
.jpeg&description=De la defensa técnica aparente y de la vulneración del derecho a una defensa efectiva.){kind=link}
0 Comentarios