"Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad".
Son alarmantes las condiciones de reclusión de detenidos en protestas postelectorales.
Son más de 1.500 personas detenidas, según han podido verificar distintas organizaciones no gubernamentales, aunque según el propio Ministerio Público son más de 2.000 personas tras las rejas.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hemos denunciado continua y sostenidamente el hacinamiento crítico en las cárceles de nuestro país, por lo que este tipo de prácticas inconstitucionales se han vuelto ley para el régimen y atentan contra las garantías judiciales establecidas en nuestra Carta Magna.
En ese sentido, en el OVP sentimos una gran preocupación por las condiciones infrahumanas de reclusión en las que se encuentran todas las personas que han sido arrestadas arbitrariamente. Sabemos que a ninguno de estos ciudadanos/as les han practicado evaluaciones médicas o psicológicas, e incluso algunos padecen de ciertas patologías o discapacidad y no les garantizan el acceso a una atención médica digna y adecuada.
El acceso al agua potable en los recintos penitenciarios es nulo o lo poco que les llega no es apto para el consumo ni para asearse, la alimentación está basada en granos, arroz o arepas sin relleno, además no consumen frutas, verduras y mucho menos proteínas.
En cuanto a las personas que se encuentran en los calabozos policiales, son sometidos a compartir celdas totalmente hacinadas e insalubres, donde tienen que hacer sus necesidades en bolsas o potes plásticos, se ven obligados a dormir en el suelo o de pie, según la cantidad de detenidos en un mismo calabozo; mientras que la comida y el agua potable debe ser suministrada por los familiares.
El común denominador en estas detenciones arbitrarias es la violación al derecho al debido proceso, pues ninguno de los aprehendidos ha tenido acceso a sus abogados de confianza y ni siquiera han podido comunicarse con sus familiares.
La opacidad de la información por parte del régimen también está a la orden del día, tanto así que no se sabe con certeza la cantidad de aprehendidos trasladados a centros penitenciarios y la cantidad de jóvenes enviados a centros de atención de adolescentes.
En tanto, los detenidos en algunas regiones de Venezuela están siendo trasladados a la ciudad de Caracas, sin explicación y sin que sus familiares sepan a dónde dirigirse. Esto complica más su situación porque además se incrementan los gastos en los traslados de los familiares para realizar las visitas y proveer de insumos a sus seres queridos.
Desde OVP exigimos la liberación inmediata y sin restricciones de todas las personas que han sido detenidas de forma arbitraria por el simple hecho de manifestar pacíficamente, aquellos que solo estaban en la puerta de su casa o caminando por alguna calle, o quienes simplemente fueron apresados por su pensamiento político.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones.
Sin agua y hacinadas en pequeñas celdas sobreviven mujeres detenidas en protestas postelectorales.
En un entorno carcelario marcado por el hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos, y la violencia de género, las mujeres privadas de libertad en Venezuela son constantemente sometidas a tratos inhumanos que van desde la tortura física y psicológica, hasta la negación de atención médica adecuada.
Fuentes extraoficiales, cuya identidad será reservada por temor a represalias, informaron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) sobre la deplorable situación intramuros que padecen al menos 70 mujeres detenidas arbitrariamente en el marco de la represión postelectoral en Venezuela, y que actualmente permanecen recluidas en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas “La Crisálida”, ubicado en el estado Miranda.
Según la información recopilada, las mujeres estarían siendo recluidas en grupos de 10 personas en cada celda, y solo les dan un tobo o balde de agua para que todas puedan satisfacer sus necesidades básicas y de higiene. No reciben una alimentación balanceada y suficiente, pues únicamente estarían consumiendo pasta con mortadela.
Durante el día son presuntamente maltratadas por la directora del recinto, quien les echa agua fría y las califica y estigmatiza como “terroristas”, además de torturarlas porque continuamente les afirma que pasarán mucho tiempo en privación de libertad.
Por su parte, para ingresar al centro, las mujeres visitantes son sometidas a requisas de naturaleza invasiva, ya que deben desnudarse y agacharse para que una custodia revise sus partes íntimas. Igualmente, son obligadas a cumplir con unos parámetros de vestimenta como franela o camisa blanca, pantalones tipo jean y sandalias.
Asimismo, se han reportado diversas irregularidades en el proceso judicial seguido en contra de estas mujeres, pues en muchos casos no se han podido encontrar expedientes de las detenidas ni registros en el sistema correspondiente. Esta falta de documentación resulta inaceptable, especialmente cuando las personas detenidas ya han sido presentadas ante un Tribunal en función de control, por lo que el mismo debería disponer de un expediente que refleje las actuaciones realizadas hasta la fecha.
Al requerir información, la respuesta recibida ha sido: “aún estamos a la espera de la lista de personas presentadas”, sin ofrecer una respuesta clara a los abogados y familiares sobre el estado procesal de los casos.
En ese sentido, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunciará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría de Venezuela de la CIDH, la Relatoría sobre los DDHH de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, la Relatoría de los derechos de las mujeres de la CIDH, el Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH.
Por último, es importante destacar que el sistema de justicia representado por los jueces de ejecución, fiscales del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Defensa Pública y el Ministerio del Servicio Penitenciario, ha demostrado una complicidad alarmante en la tortura, trato cruel, inhumano y degradante, hacia las mujeres detenidas arbitrariamente durante las protestas postelectorales. Esta red de actores, lejos de proteger los derechos fundamentales de estas mujeres, ha perpetuado su sufrimiento y vulnerabilidad, convirtiéndose en cómplices de una represión injusta e inhumana. Habrá justicia.
Los abogados no podemos callar a tan atroz situación de irregularidad y violaciones de derechos humanos, por ello nos unimos en la defensa de los derechos humanos y el respeto al Estado Social de Derecho y de justicia, CREEMOS EN EL DERECHO Y EN LA LIBERTAD DE LA MANO DE DIOS, siendo que prevalece la realidad de hechos, hago mención de la siguiente reflexión del líder Mundial Nelsón Mandela:
Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad.
Cuando se escriba la historia de nuestro tiempo, ¿seremos recordados por haber hecho lo correcto o por haber dado la espalda a una crisis global?
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