Crónicas de Derecho. Alegar y probar en autos es el pulso vivo de la justicia.

"De nada Sirve el derecho sino se prueba", frase que enaltecemos en la defensa del derecho, Alegar y probar en autos. Los jueces que desvíen la justicia por abuso de poder, exceso de poder y extralimitación de funciones, violan el orden público procesal y el orden público constitucional que no prescriben en el tiempo, ya que violación en total detrimento los derechos humanos. La justicia sin pruebas no es justicia es impunidad y un grave golpe a nuestro ordenamiento jurídico venezolano. 

Esta máxima, que enaltecemos en la defensa del derecho, recuerda que la justicia no se edifica solo con alegatos brillantes, sino con pruebas sólidas que los respalden. Alegar y probar en autos no es un simple formalismo; es la esencia misma de la verdad procesal.

Los jueces que desvían la justicia mediante abuso de poder, exceso de funciones o extralimitación de competencias, no solo violan el orden público procesal y el orden público constitucional —normas que no prescriben en el tiempo—, sino que atentan directamente contra los derechos humanos.

En el proceso penal venezolano, el orden público procesal no es una recomendación: es un conjunto de normas inderogables que garantizan legalidad, transparencia, tutela judicial efectiva e igualdad procesal. Su transgresión, lejos de ser una mera irregularidad, constituye una herida estructural al debido proceso, capaz de contaminar la credibilidad del sistema de justicia entero.

En el marco del proceso penal venezolano, el orden público procesal constituye un conjunto de normas inderogables que garantizan la legalidad, la transparencia, la tutela judicial efectiva y la igualdad procesal entre las partes. Su transgresión, más allá de constituir una mera irregularidad, representa una lesión estructural al debido proceso que amenaza con extender sus efectos destructivos al resto del sistema de justicia. 

Cuando un juez actúa desconociendo el marco procesal obligatorio —ya sea omitiendo actos esenciales, dictando decisiones sin motivación, ignorando etapas procesales o validando vicios insubsanables— no solo viola derechos fundamentales como derechos humanos, sino que envía un mensaje permisivo y distorsionado al resto de los operadores judiciales: que es posible actuar fuera de la ley sin consecuencia alguna. 

En este contexto, permitir la continuidad de actos procesales evidentemente viciados y su ejecución sin control, no solo constituye una convalidación del abuso de poder judicial, sino que también socava la legitimidad misma de las decisiones futuras, las cuales podrían ser replicadas por otros jueces, perpetuando un sistema degradado y arbitrario.

Hoy, más que nunca, defender el orden público procesal es defender la dignidad del derecho mismo. No es solo una batalla jurídica: es una lucha por la verdad, por la confianza ciudadana y por el alma de la justicia. Quien calla ante la arbitrariedad, se convierte en su cómplice; quien la enfrenta, se convierte en guardián de la ley.