Son aquellos actos que infringen intencionalmente dolor o sufrimiento, ya sea físico o mental, a una persona, constituyéndose en violaciones de derechos humanos.
La Tortura a su vez se define como el acto de infligir intencionalmente un grave dolor o sufrimiento, ya sea físico o psicológico, a una persona, con el propósito de obtener información, una confesión, castigos, intimidaciones y coacción.
Este acto es una violación gravísima de los derechos humanos y está prohibido por el derecho internacional, cosa que se contradice con la realidad de hechos en el país.
La tortura puede incluir métodos como palizas, descargas eléctricas, abusos sexuales, privación del sueño, reclusión prolongada en aislamiento; y amenazas contra sus seres queridos.
Su objetivo es
quebrantar a la víctima y destruir su condición humana.
“Tras las elecciones presidenciales, la Misión continuó recibiendo alegaciones de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes de personas opositoras o percibidas como tales cuando se encontraban bajo custodia de las fuerzas de seguridad en prisiones y otros centros de detención.
Los métodos de tortura utilizados en los casos investigados incluyeron
puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en goma espuma,
y descargas eléctricas, incluidos en los genitales. Otros métodos registrados
fueron la asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación de
sueño a través de iluminación y/o música con volumen alto las 24 horas del día.
Estos métodos de tortura coinciden con los utilizados por la Policía
Nacional Bolivariana y por los servicios de inteligencia documentados en
anteriores informes de la Misión.
En ese sentido, la Misión recordó que la tortura tiene un impacto de largo
alcance en las víctimas y en sus personas allegadas, que va mucho más allá de
la comisión de la tortura misma. Las decenas de víctimas identificadas en los
informes anteriores no han recibido ningún tipo de reparación integral del
Estado, y continúan necesitando asistencia y atención especial para intentar
superar las secuelas físicas y psicológicas de esta seria violación a los
derechos humanos”.
VENEZUELA NECESITA
MEDIDAS CONTUNDENTES.
"En el transcurso de los años, la Misión Internacional Independiente de
Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha documentado un patrón
sistemático de violencia sexual y de género contra los detenidos, tanto hombres
como mujeres, con el fin de humillarlos, castigarlos o extraer información.
Evidencia de ello son los testimonios recogidos por la Misión en su más
reciente informe, donde también se detallan casos de violaciones, desnudez
forzada y agresiones sexuales que involucran a funcionarios tanto masculinos
como femeninos.
“La Misión investigó el caso de dos niñas de 15 y 17 años que fueron
detenidas durante las protestas, aun sin haber participado en ellas. Los
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que las detuvieron las
golpearon, les tiraron del pelo, las tildaron de “perras guarimberas” y a una
de ellas la tocaron entre las piernas por encima de su ropa. Posteriormente
fueron trasladadas al comando de la Guardia Nacional Bolivariana, donde fueron
golpeadas y humilladas. A una de ellas la obligaron a bajarse los pantalones y
le tocaron los genitales. En otro caso investigado por la Misión, una mujer,
familiar de una persona detenida, fue extorsionada por un funcionario que le
exigió favores sexuales a cambio de mejorar las condiciones de detención de su
familiar”, detalla el informe.
Desde el Observatorio
Venezolano de Prisiones (OVP) lamentamos profundamente como
periodistas, defensores de derechos humanos, líderes políticos y miembros de la
sociedad civil han sido blanco de acoso y criminalización, intensificando la
persecución del régimen, por lo que coincidimos con la Misión en su
preocupación sobre la política represiva del régimen venezolano que continúa
escalando y silenciando cualquier forma de disidencia.
En ese sentido, consideramos fundamental que el Consejo de Derechos Humanos
apruebe de forma urgente la resolución para la renovación de la Misión
Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela,
cuya vigencia finaliza en septiembre de 2024.
Recordemos que la Misión desempeña un papel clave y fundamental en la
documentación con testimonios de las víctimas de violaciones graves de los
derechos humanos en contextos de conflicto y represión, proporcionando una base
sólida para la memoria histórica y para que se puedan exigir responsabilidades
a los perpetradores.
En respuesta a lo denunciado en el informe de la Misión, desde OVP estamos informando a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la situación de los presos
políticos en El Rodeo I, la cual con cuenta medidas provisionales desde el 8 de
febrero de 2008, en las que se requirió al Estado venezolano que adoptara las
medidas que fueren necesarias para proteger la vida e integridad personal de
todas las personas privadas de libertad en este recinto penitenciario.
Asimismo, instamos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a
presentar el informe de la Misión ante la Corte IDH y que sirva para la
investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela que adelanta el
fiscal Karim Khan. De esta manera se refuerzan los esfuerzos para garantizar
justicia, rendición de cuentas y reparación integral de las víctimas, aportando
testimonios claves que respaldan las investigaciones en curso".
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones.
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2 Comentarios
ResponderBorrarQue buen escrito
Gracias, por leer, muchísimas gracias.
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