Alegar y probar en autos, junto con la seguridad jurídica, son principios esenciales del derecho y pilares del debido proceso. El derecho no es letra muerta: estudiamos para darle vida, para aplicarlo con conciencia, ética y compromiso. Sin embargo, hoy se ve amenazado por una práctica institucional perversa que distorsiona su esencia. En Venezuela, se enfrenta diariamente el ejercicio del derecho y la exigencia de justicia frente a grandes bufetes que, lejos de ser externos al sistema, se han convertido en parte activa del aparato judicial. Esta realidad —que trasciende la metáfora— denuncia la fusión peligrosa entre intereses económicos y funciones públicas, lo que exige un urgente llamado de atención a jueces, fiscales, secretarios y demás funcionarios que integran el sistema de administración de justicia.
El juez se convierte en parte como que si fuera abogado privado dentro del proceso a favor del mejor postor, es esta la realidad. Los abogados litigantes llevan una carga muy pesada en sus hombros en búsqueda y cumplimiento del derecho y de la justicia y aún más se vuelve pesada cuando te enfrentas en el derecho con aquel que es la máxima figura del derecho "El Juez", el abuso de poder, el abuso de derecho, la extralimitación de funciones demarcan un antes y un después en el derecho. Nos estamos enfrentando a quienes tienen el poder y control del derecho y la justicia, "se cobran y se dan el vuelto", ellos mismos. Para el abogado litigante se encuentra en un gran encrucijada para ejercer el derecho en Venezuela.
En la Venezuela actual, el juez —quien debería ser garante de la legalidad, la imparcialidad y el equilibrio procesal— se convierte con alarmante frecuencia en una parte más dentro del litigio, actuando como si fuese un abogado privado al servicio del mejor postor. Esta distorsión de la función judicial no es una mera percepción; es una realidad palpable, sostenida por múltiples prácticas que socavan la independencia judicial y la confianza en el sistema. El juez, en lugar de arbitrar con ecuanimidad, termina muchas veces inclinando la balanza a favor de quienes ostentan poder económico o vínculos políticos, desdibujando por completo su rol constitucional.
Para el abogado litigante, esto representa una carga no solo profesional sino también moral y emocional. La lucha por el cumplimiento del derecho y de la justicia se vuelve titánica cuando la máxima autoridad del proceso se convierte en adversario parcializado. El abuso de poder, la violación del derecho, la extralimitación de funciones y la impunidad institucionalizada marcan un antes y un después en la historia del ejercicio profesional. Hoy, enfrentarse en derecho no es simplemente contradecir argumentos o impugnar pruebas, cosa que a veces ni pruebas hay en el expediente para llevar a cabo un juicio; es enfrentarse a un sistema que ha dejado de responder al principio de legalidad para operar como una maquinaria de favores mutuos, donde —como reza el sentir popular— “se cobran y se dan el vuelto” entre ellos mismos.
Hoy, el libre ejercicio de la profesión de abogado en Venezuela se encuentra gravemente amenazado. El Colegio de Abogados debe encender las alarmas: se impone la necesidad de una profunda reflexión y acción colectiva frente a una realidad que compromete los principios fundamentales del Estado de Derecho, tales como la seguridad jurídica, el derecho a alegar y probar en juicio, y la función misma de la administración de justicia.
El derecho no es letra muerta. El derecho es una ciencia viva, cuyo propósito esencial es la realización de la justicia. No estudiamos para ser espectadores pasivos de un sistema corrompido, sino para ser agentes de cambio, portadores de la voz de la legalidad y la equidad. Sin embargo, esa vocación hoy se ve obstaculizada por estructuras de poder que han convertido la justicia en una mercancía y el proceso en una simulación.
En Venezuela, se ha consolidado una preocupante metáfora jurídica: los grandes bufetes se han mimetizado con el poder judicial, integrándose de facto al sistema de administración de justicia, a través de relaciones de poder e influencia que desdibujan la imparcialidad y la legalidad. Jueces, fiscales, secretarios y otros funcionarios públicos actúan, en ocasiones, como partes interesadas en el proceso, más cercanos a los intereses económicos de los poderosos que a los deberes éticos de su función pública.
El juez, llamado a ser garante de la legalidad y defensor de los derechos, se convierte —en no pocos casos— en un abogado privado de facto, promoviendo o protegiendo los intereses del mejor postor. Esta tergiversación del rol judicial supone una gravísima violación del debido proceso, y abre paso a una práctica institucionalizada de abuso de poder, extralimitación de funciones y corrupción.
El abogado litigante, en este contexto, carga una responsabilidad inmensa: la de defender el derecho y la justicia en medio de un sistema que los traiciona. Esta carga se vuelve aún más pesada cuando quien debería ser garante del equilibrio procesal —el juez— se transforma en adversario, investido de poder y autoridad, pero carente de imparcialidad, es tal el descaro que aún así decide en el nombre de la administración de justicia, no se inhibe, y toda recusación en su contra es declarada improcedente multando inclusive a las partes que eleven sus voces, un juez parcial sus actuaciones son absolutamente nulas, he aquí el derecho.
Estamos ante una encrucijada. El ejercicio del derecho se convierte en una lucha desigual, donde quien procura justicia se enfrenta no solo a su contraparte, sino también a las estructuras del poder judicial. Se impone entonces un llamado urgente a la conciencia de quienes integran el sistema de justicia. El respeto a la profesión de abogado es también respeto al derecho, a la Constitución y a la dignidad de los ciudadanos.
Reivindicar el ejercicio libre y digno de la abogacía es una tarea impostergable. El silencio frente al abuso institucional es cómplice de la impunidad. Defender el Estado de Derecho no es una opción; es un deber moral y profesional.
El abogado litigante en Venezuela se encuentra ante una encrucijada existencial: continuar defendiendo el derecho en medio de un sistema que lo traiciona o renunciar a su vocación. Sin embargo, incluso en la oscuridad, la dignidad de la profesión exige resistencia. El silencio o la rendición solo profundizan la crisis. Por ello, alzamos la voz, no desde el resentimiento, sino desde el compromiso con la justicia y con la esperanza de que otro derecho —uno verdadero, imparcial y humano— aún es posible.
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