El proceso penal no es un espectáculo ni una herramienta de propaganda institucional.
"El proceso penal venezolano no debe ser instrumentalizado como una plataforma de exposición mediática. La reserva legal penal y el principio de objetividad son pilares que obligan al órgano acusador a actuar con rigor científico y respeto a la presunción de inocencia. En este artículo, analizamos las graves consecuencias de adelantar conclusiones públicas y cómo esto vulnera las garantías constitucionales del imputado."
Cuando el órgano acusador adelantó públicamente conclusiones definitivas, y peor aún, construye un relato distinto al judicial dentro de las actas procesales y los elementos de convicción, incurre en una extralimitación funcional que compromete su responsabilidad constitucional ante la sociedad civil.
Aquí no se informó: se sentenció públicamente.
Difamación e injuria procesal de origen institucional. La gravedad del hecho se intensifica porque:
La información proviene de una fuente estatal con poder coercitivo.
Se atribuyen hechos falsos no probados en juicio y actas procesales.
Se genera un daño directo al honor, imagen y dignidad del acusado.
Se condiciona a los órganos jurisdiccionales superiores y a la opinión pública.
Esto configura lo que doctrinalmente puede calificarse como una difamación procesal institucional, aún más grave que la privada, porque emana del poder público y se reviste de presunta legitimidad.
Efecto obstructivo del derecho a recurrir.
La publicación mediática de una sentencia inaccesible para la defensa técnica privada produce un efecto perverso:
Se anuncia su ejecución.
Se habla de traslados penitenciarios.
Se consolida una condena social previa.
Mientras la defensa no puede ejercer el Recurso de Apelación porque no conoce el fallo.
Esto no solo viola el derecho a recurrir, sino que lo neutraliza fácticamente, reforzando la tesis central del amparo constitucional: El sistema impide materialmente el ejercicio de los recursos y luego pretende exigirlos.
"Solo mediante el cumplimiento estricto de la reserva legal podemos evitar que el proceso penal se convierta en una herramienta de propaganda, rescatando la majestad de la justicia sobre el espectáculo público."
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