Fallo del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California sobre la concesión de la moción, Estatus de Protección Temporal (TPS). Autonomía del Poder Judicial.

Estimados lectores traigo a colación la decisión de conceder la moción judicial de los demandantes para posponer las acciones tomadas por la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (..), con respecto al Estatus de Protección Temporal TPS para ciudadanos venezolanos", Juez Ponente: Chen Edward M de fecha 31 de marzo de 2025. Los demandantes han establecido una probabilidad de éxito en su reclamo de protección igualitaria, aborda una medida cautelar de protección o de reparación a nivel nacional. La reparación apropiada es anular la acción para todos los afectados", tomando medidas amplias para proteger a los beneficiarios venezolanos del TPS. 

Justificación para la reparación a nivel nacional (continuación), el tribunal reafirma que la reparación a nivel nacional es apropiada, no porque el Tribunal esté optando por una medida más amplia de lo necesario, sino debido al mandato de Ley de Procedimiento Administrativo (APA), de que las acciones defectuosas de la administración deben ser consideradas ilegales y anuladas. 

Se destaca que las acciones de la administración tienen un impacto uniforme y a nivel nacional en todos los titulares de TPS venezolanos ubicados en todo Estados Unidos, tiene alcance nacional. 

Precedentes judiciales el tribunal cita casos anteriores, como trump y E. Bay Sanctuary, que respaldan la concesión de medidas cautelares a nivel nacional cuando el impacto de las acciones impugnadas es nacional y la organización demandante opera a nivel nacional sin limites geográficos definidos. 

El objeto principal de la demanda es que el Tribunal posponga temporalmente las acciones tomadas por la Secretaria de Gobierno de Seguridad Nacional en contra de más de 600.000 ciudadanos venezolanos que tienen estatus legal para residir y trabajar temporalmente en los Estados Unidos. 

El impacto de las acciones de la secretaria de gobierno implicarían la pérdida de protección bajo el programa de TPS para aproximadamente 350.000 de estos residentes, exponiéndolos a una posible deportación inminente a Venezuela. 

La Situación en Venezuela el Tribunal destaca la grave situación en Venezuela, debido al alto riesgo de detenciones injustas, terrorismo, secuestros, aplicación arbitraria de leyes locales, crimen, disturbios civiles e infraestructura de salud deficiente, cita el Tribunal la categorización del Departamento de Estado Unidos como un país de nivel 4: "No viajar debido al alto riesgo" antes señalado. 

Esta orden judicial indica que el Tribunal está preocupado por las posibles consecuencias de las acciones de la Secretaria ut supra identificada, para los ciudadanos venezolanos que actualmente se benefician del TPS. La descripción de la situación en Venezuela subraya el peligro al que enfrentarían estas personas si fueran deportadas. 

Se puede presumir un cambio drástico en la política de inmigración, o podría sugerir que la decisión se tomó rápidamente sin una consideración adecuada de las consecuencias por parte de la secretaria del departamento de Seguridad Nacional de Gobierno. 

En resumen, esta orden judicial establece el contexto de un litigio en curso sobre las acciones de la administración actual de los Estados Unidos con respecto al TPS para venezolanos. El Tribunal interviene para posponer estas acciones, debido a la gravedad de la situación en Venezuela y las posibles consecuencias humanitarias de la deportación.  El Tribunal toma en cuenta los argumentos y pruebas de los demandantes sobre la necesidad de proteger a los venezolanos como individuos.    

 

Este fragmento del documento legal se centra en la falta de fundamento tanto legal como probatorio para la decisión de anular la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y para la terminación de la designación de 2023. El tribunal argumenta que la debilidad de las justificaciones presentadas por la Secretaria Noem, sugiere que la terminación estuvo motivada, al menos en parte, por animosidad.

Puntos Claves:

Vacatur sin precedentes: El tribunal destaca que la anulación de una extensión del TPS es un evento sin precedentes en los treinta y cinco años de historia del programa. Esto sugiere una desviación de la práctica habitual y levanta sospechas sobre la motivación detrás de la decisión.

Falta de apoyo para la anulación: Se reitera que la falta de apoyo legal y probatorio para la anulación ya se ha discutido en secciones anteriores del documento.

Falta de apoyo para la terminación de la designación de 2023: El tribunal subraya que la falta de evidencia que respalde la terminación de la designación de 2023 indica aún más que la decisión estuvo motivada, al menos en parte, por animosidad.

Justificaciones de la Secretaria Noem y su refutación: El documento enumera las razones que la Secretaria Noem dio en el Registro Federal para justificar la terminación:

La entrada de miembros de la banda venezolana TdA a los Estados Unidos.

La insuficiencia de recursos locales para atender a los beneficiarios del TPS y el costo que su presencia genera.

 El potencial "efecto imán" del TPS, atrayendo a más venezolanos.

La contradicción de la extensión del TPS con la política de "América primero" de la administración Trump, al facilitar o alentar la migración ilegal y desestabilizadora.

Desacreditación de las justificaciones: El tribunal califica el razonamiento de la Secretaria Noem como carente de respaldo probatorio.  Se ofrecen contraargumentos específicos:

 Banda TdA: No hay evidencia de que los beneficiarios del TPS venezolanos sean miembros de la banda TdA, tengan conexiones con ella o cometan crímenes. Se señala que los beneficiarios del TPS venezolanos tienen tasas de criminalidad más bajas que la población general. Generalizar la criminalidad a toda la población TPS venezolana se considera infundado y con tintes racistas basados en estereotipos falsos.

Recursos locales y costos: Se argumenta que los beneficiarios del TPS venezolanos son contribuyentes importantes a las economías nacional y local, trabajando, gastando dinero y pagando impuestos.  Se cita evidencia de que impedirles participar en el mercado laboral generaría pérdidas millonarias en impuestos.

 Efecto imán: No se aborda directamente en este fragmento, pero la inclusión de esta justificación es parte de la evidencia que el tribunal está cuestionando.

Política de "América primero": Se sugiere que esta justificación es una racionalización de una política con motivaciones potencialmente sesgadas.

Interpretación:

El tribunal está construyendo un caso sólido de que las decisiones tomadas con respecto al TPS para venezolanos no se basaron en evidencia objetiva o consideraciones legales válidas, sino que estuvieron influenciadas por prejuicios o animosidad.

La insistencia en la falta de pruebas para respaldar las afirmaciones de la Secretaria Noem es un punto central. Al desacreditar específicamente cada una de sus justificaciones, el tribunal sugiere que estas razones fueron inventadas o exageradas para justificar una decisión que ya estaba tomada por motivos inapropiados.

La referencia a la política de "América primero" como una posible fuente de motivación sesgada es significativa.  El tribunal parece insinuar que esta política, tal como se aplicó en este caso, podría haber estado impulsada por sentimientos antiinmigrantes o prejuicios contra ciertos grupos.

En resumen, este fragmento del documento refuerza la idea de que las decisiones sobre el TPS para venezolanos fueron arbitrarias y posiblemente discriminatorias. La falta de evidencia que respalde las justificaciones oficiales presentadas por la Secretaria Noem es un argumento clave para respaldar esta afirmación.

Justificación del Tribunal de emitir una medida cautelar a nivel nacional, proporcional: en protección y reparación para todos los venezolanos con TPS. 

A continuación, el documento completo del Juez Ponente:

. 

El interés en la uniformidad del sistema de inmigración finalmente, el tribunal  enfatiza e interés en la uniformidad dentro del sistema de inmigración. Cita precedentes que reconocen la autoridad de los tribunales de distrito para suspender políticas ilegales a nivel universal en casos de inmigración, y el caso Texas v. United States donde se rechazo el argumento de que una anulación a nivel nacional era excesiva, afirmando que en el contexto de la ley de inmigración, una reparación amplia es apropiada para garantizar la uniformidad y la consistencia  en la aplicación. 

Decisión final sobre la reparación: En consecuencia, y en consonancia con el texto de la sección 705 de la APA, el Tribunal concede la moción de los demandantes para posponer las acciones de la administración y establece que la reparación otorgada tiene un alcance nacional, según IA Gemini, extracto, análisis y breve resumen del referido fallo.

Cito textualmente extracto de la fuente:

https://www.diariolasamericas.com/eeuu/juez-falla-favor-mantener-el-tps-miles-venezolanos-n5373669

"El fallo es en respuesta a la demanda interpuesta por la Alianza Nacional del TPS (NTPSA) y los venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) que presentaron el caso contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la secretaria del DHS, Kristi Noem, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

Según la demanda, estas decisiones privarían a más de 600,000 venezolanos de su derecho a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante los siguientes 18 meses. Los demandantes, representados por afiliados de la ACLU y el Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA, alegaron que las acciones de los demandados violaron la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda.

Porras manifestó que está "totalmente de acuerdo" con la conclusión de la Corte de que la terminación del TPS "infligiría un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de vida se verán gravemente interrumpidos, le costará a los Estados Unidos miles de millones en actividad económica y dañaría la salud pública y la seguridad en las comunidades de todo Estados Unidos".

Agradeció a los grupos e individuos que hicieron realidad la continuación de esta protección para miles de venezolanos y dejó claro que el trabajo no está hecho, pero aseveró que este fallo "fue un paso en la dirección correcta".

Moción

En el documento se agrega lo siguiente:

• Dado el fallo del Tribunal sobre los argumentos jurisdiccionales planteados por el gobierno, no hay razón para retrasar la presentación del expediente administrativo, incluso si el gobierno tiene la intención de presentar una moción de desestimación. Las partes se reunirán y deliberarán sobre la presentación del expediente administrativo (si no lo han hecho ya) y el expediente será presentado por el gobierno dentro de una semana a partir de la fecha de esta orden. Existe interés en que este caso avance con prontitud.

• En este momento, el Tribunal no se pronuncia sobre a qué descubrimiento de pruebas, si corresponde alguno, podrían tener derecho los demandantes más allá del expediente administrativo. El expediente administrativo debe presentarse en primera instancia. Lo que el expediente administrativo revele o no probablemente determinará si se justifica un descubrimiento adicional. El Tribunal no impide a los demandantes presentar solicitudes de descubrimiento al gobierno ahora, pero este no está obligado en este momento a responder a dichas solicitudes.

Designación de TPS 2023

Al mismo tiempo, se extendió la segunda designación de 2021 tal y como fue aprobada en enero de 2025 por la administración de Biden, es decir, la medida del juez abarca los dos grupos, los TPS que vencían en abril y septiembre, aunque lógicamente favorece a los que pronto tendrían que sufrir una medida con riesgo de deportación al quedar sin estatus legal.

Seguridad

El juez consideró que la terminación de las designaciones del TPS para venezolanos tendría un impacto mayor que el económico en Estados Unidos y las comunidades locales donde viven los beneficiarios. El temor a la detención y la deportación hace que los inmigrantes indocumentados renuncien a la atención médica, como pruebas diagnósticas y vacunas, lo que aumenta los riesgos para la salud de la comunidad en general.

Al igual que en el caso anterior, el gobierno no ha presentado ninguna prueba que contradiga lo aportado por los demandantes. En la audiencia, el gobierno admitió no tener contrapruebas.

Moción

En el documento se agrega lo siguiente:

• Dado el fallo del Tribunal sobre los argumentos jurisdiccionales planteados por el gobierno, no hay razón para retrasar la presentación del expediente administrativo, incluso si el gobierno tiene la intención de presentar una moción de desestimación. Las partes se reunirán y deliberarán sobre la presentación del expediente administrativo (si no lo han hecho ya) y el expediente será presentado por el gobierno dentro de una semana a partir de la fecha de esta orden. Existe interés en que este caso avance con prontitud.

• En este momento, el Tribunal no se pronuncia sobre a qué descubrimiento de pruebas, si corresponde alguno, podrían tener derecho los demandantes más allá del expediente administrativo. El expediente administrativo debe presentarse en primera instancia. Lo que el expediente administrativo revele o no probablemente determinará si se justifica un descubrimiento adicional. El Tribunal no impide a los demandantes presentar solicitudes de descubrimiento al gobierno ahora, pero este no está obligado en este momento a responder a dichas solicitudes.

Designación de TPS 2023

Al mismo tiempo, se extendió la segunda designación de 2021 tal y como fue aprobada en enero de 2025 por la administración de Biden, es decir, la medida del juez abarca los dos grupos, los TPS que vencían en abril y septiembre, aunque lógicamente favorece a los que pronto tendrían que sufrir una medida con riesgo de deportación al quedar sin estatus legal.

Seguridad

El juez consideró que la terminación de las designaciones del TPS para venezolanos tendría un impacto mayor que el económico en Estados Unidos y las comunidades locales donde viven los beneficiarios. El temor a la detención y la deportación hace que los inmigrantes indocumentados renuncien a la atención médica, como pruebas diagnósticas y vacunas, lo que aumenta los riesgos para la salud de la comunidad en general.

Al igual que en el caso anterior, el gobierno no ha presentado ninguna prueba que contradiga lo aportado por los demandantes. En la audiencia, el gobierno admitió no tener contrapruebas.

De hecho, una persona debe ser "admisible como inmigrante" para ser beneficiario del TPS, lo que significa, entre otras cosas, que no puede haber sido condenada por ciertos delitos (por ejemplo, un delito que implique depravación moral o drogas) ni ser miembro de una organización terrorista. El juez también destacó los argumentos de los demandantes que el grupo de venezolanos con TPS son profesionales que trabajan honradamente en EEUU.

Además, se considera expresamente que una persona no es elegible para el TPS si ha sido condenada por cualquier delito grave o dos o más delitos menores cometidos en los Estados Unidos. Id. § 1254a(c)(2)(B). Por lo tanto, no sorprende que las jurisdicciones estatales y locales de todo Estados Unidos declaren expresamente que no han enfrentado ninguna ola de delincuencia debido a los beneficiarios venezolanos del TPS, expresó el escrito".