Cuando un juez arbitrario comete actos irregulares, su conducta es de un error inexcusable en flagrante violación al Estado Social de Derecho y de Justicia.

Cuando un juez abandona la imparcialidad, vulnera el procedimiento o dicta decisiones ajenas al marco constitucional, no estamos ante un simple desacierto técnico: estamos frente a un error inexcusable, la más grave de las faltas en la función jurisdiccional.

Se erosiona la confianza pública, se hiere la credibilidad del sistema y se golpea la dignidad de la administración de justicia. 

 

Por eso, es necesario un llamado firme al Poder Judicial venezolano:

El país exige jueces que respondan al derecho, no a intereses; que honren la Constitución, no que la distorsionen; recuerden que el poder que ejercen no les pertenece, les fue confiado. 

La historia demuestra que los sistemas que se alejan de la ley terminan enfrentándose a su propio colapso, porque ninguna estructura puede sostenerse indefinidamente sobre injusticias.

Los jueces a través de sus decisiones causan decisiones contradictorias en el derecho, inclusive al interpretar las jurisprudencias, no valoran las pruebas y se burlan del derecho, solicitamos que sean valoradas las referidas irregularidades, no nos hagamos cómplices a tan maraña situación irregular que subvierte el orden público procesal y constitucional, este tipo de decisiones causan conmoción y desasosiego que no pueden seguir proliferándose, considerando que deben quedar absolutamente abolidas del nuestro ordenamiento jurídico, ya que violan los derechos humanos denegando el derecho de recurrir a la doble instancia.  

Denunciamos la Violación inminente de los Derechos Constitucionales referidos a los artículos 26, 49 ordinales 1 y 3, 51 y 257 de nuestra Carta Magna; a su vez el abuso o exceso de poder; extralimitación de funciones de los jueces, actuando de esta forma fuera de sus competencias, en vista que se desviaron del propósito de la Ley; del orden público procesal; del orden público constitucional y de la justicia venezolana; y a las pruebas nos remitimos.

Siendo, que las Decisiones constituyen un acto lesivo a la conciencia jurídica al infringir en forma flagrante, ya que el fallo y hechos aquí cuestionados, vulnero el principio de seguridad jurídica; proceso donde evidentemente no se garantizó al solicitante las debidas oportunidades de defensa, o se irrespeto de alguna u otra manera las garantías del debido proceso y legítima defensa.